El subsidio encubierto a la agroindustria

El gobierno de Paz-Doria Medina promulgó el D.S. 5547 que reduce a 0% el gravamen arancelario para la importación de soya. En su parte considerativa, la norma justifica la medida citando al art. 16 de la Constitución Política del Estado, que establece la obligación del Estado de garantizar la seguridad alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente. Analicemos las verdaderas implicancias de esta medida.

¿A quién beneficia la importación de soya transgénica? La eliminación del arancel reduce en un 15% el costo de importación para las empresas agroindustriales. A esto se suma que la soya argentina se comercializa a un precio 25% inferior al de Bolivia, lo que en conjunto representa una disminución del 40% en los costos de procesamiento. Nada mal para una industria que opera al 55% de su capacidad instalada y busca incrementar sus ganancias.

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En Bolivia, la producción de soya cuadruplica el consumo interno, por lo que no existe justificación técnica para facilitar su importación con fines de abastecimiento local. Lejos de ser una medida orientada a garantizar la seguridad alimentaria, esta política está diseñada para rentabilizar el negocio agroexportador. El principal beneficio será para media docena de empresas que procesan el grano de soya en aceite, harina y torta, algunas de las cuales pertenecen directamente a familias vinculadas con el gobierno actual.

¿A quiénes perjudica la libre importación de soya? Más de 25.000 familias agricultoras dependen del cultivo de soya. Desde hace tres años, estas familias enfrentan un aumento en el costo de sus insumos ante la elevación del dólar. Si a esta situación se suma la apertura a la importación de soya extranjera para abastecer a la industria local, los pequeños productores podrían ver reducidos sus ingresos hasta en un 25%, como consecuencia de la imposición de precios por parte de las grandes procesadoras.

El contraste no puede ser más evidente: mientras los productores locales enfrentan mayores costos y menor capacidad de negociación, el complejo agroindustrial obtiene ventajas por partida cuádruple. Incrementa sus exportaciones, accede a precios más bajos por la compra del grano, paga menos impuestos y además, se beneficia del diferencial cambiario al adquirir la soya al tipo de cambio oficial, venderlos al exterior y liquidar esas divisas al tipo de cambio paralelo.

¿Seguridad alimentaria o negocio transgénico? La importación de soya transgénica no representa una diferencia sustancial respecto a producirla en el mercado interno. Liberar la importación de soya no garantiza la soberanía alimentaria del país, sino que provee insumos baratos para la industria exportadora con el riesgo que parte de esta producción se desvíe al mercado local.

Menores ingresos para el Estado, mayor rentabilidad privada. La reducción arancelaria del 15% a la importación de soya se traduce en una ganancia de casi 50 dólares por tonelada para las empresas agroindustriales, y en una pérdida equivalente para el fisco. Si esta medida logra cubrir el porcentaje de subutilización de la capacidad instalada que aspira el sector, la merma en los ingresos estatales podría alcanzar los 100 millones de dólares anuales.

La eliminación del arancel a la importación de soya no es una política de seguridad alimentaria, sino subsidio encubierto al agronegocio disfrazado de política productiva. Es un esquema de privilegios que debilita al productor local, vacía las arcas públicas y subordina el interés colectivo a la rentabilidad privada del agronegocio.

(*) Omar Rilver Velasco es habitante del Kollasuyo, Yatiri económico y promotor del Vivir Bien.

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