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EspañolLa Fiscalía confirmó que tres exministros de la gestión del expresidente Luis Arce son investigados por presuntas irregularidades en la administración de recursos de la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).
La estatal fue creada en 2022 con un capital inicial de Bs 140 millones.
La fiscal del caso, Magaly Bustamante, informó que inicialmente la investigación alcanzaba a dos exautoridades del entonces Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. Sin embargo, tras nuevas declaraciones se amplió la querella contra un tercer exministro.
B-Agro
La representante del Ministerio Público evitó revelar las identidades de los involucrados, aunque en la última etapa de esa cartera estuvieron al frente Remmy Gonzales, Santos Condori y Yamil Flores.
El caso también derivó en la aprehensión del exgerente de B-Agro Ramiro Villarpando, quien fue detenido en Cochabamba y trasladado a celdas policiales en La Paz, a la espera de su audiencia cautelar. Según la Fiscalía, uno de los indicios apunta a que la exautoridad habría alquilado tierras dotadas originalmente para fines productivos.
La empresa estatal fue creada mediante el Decreto Supremo 4701 del 20 de abril de 2022, con el objetivo de fortalecer la producción agropecuaria. Sin embargo, en los últimos meses surgieron denuncias sobre presunto mal uso de recursos y proyectos que no habrían cumplido su finalidad.
Investigación
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, aseguró que más de Bs 300 millones fueron “dilapidados” en la compra de tierras, maquinaria, infraestructura y silos que no estarían operando o habrían sido sustraídos. “Gran cantidad de cosas que no se usaron o ya se las robaron”, afirmó en una declaración pública realizada el 20 de febrero.
A estas acusaciones se sumó el exdiputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, quien también denunció presuntos hechos de corrupción en la firma estatal.
Mientras avanzan las pesquisas, el Ministerio Público continúa recabando documentación, contratos y declaraciones para establecer el destino de los recursos y determinar responsabilidades administrativas y penales en uno de los casos más sensibles vinculados a empresas públicas creadas en los últimos años.
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