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EspañolEl Gobierno ha hecho que entre en vigor una modificación especial de la antigua Ley de Vivienda con la que pretende ofrecer mayor seguridad a los inquilinos frente a los caseros. Sobre todo, de cara a gestionar una relación que no suele ser fácil en cuanto a un parámetro concreto.
Y es que esta nueva Ley de Vivienda se centra específicamente en incrementar la cantidad de tiempo que el inquilino puede quedarse en la propiedad en caso de que el arrendador decida rescindir el contrato de alquiler. Especialmente, si toma la decisión de hacer esto de manera unilateral.
Básicamente, en aquellos alquileres que sean inferiores a cinco años, el inquilino tendrá derecho a que el casero le otorgue una prórroga igual a la cantidad de tiempo que quede para que se cumpla ese mismo mínimo.
Por poner un ejemplo: si el arrendador decide rescindir el contrato de forma unilateral a los dos años de alquiler, el arrendatario tendrá derecho a que este tiempo se prolongue durante tres años más con el objetivo de llegar a los cinco.
No obstante, la ley matiza cómo debe seguirse este proceso y especifica ciertas situaciones excepcionales. Para empezar, esta prórroga no será necesaria en caso de que el casero comunique su intención de rescindir el contrato con cuatro meses de antelación.
En caso contrario, el contrato se irá renovando de manera anual hasta que se cumplan los mínimos establecidos anteriormente. No obstante, existe una excepción clave que se debe tener en cuenta y que garantiza un derecho esencial del arrendador.
Básicamente, si este argumenta que no renueva el contrato porque necesita dicha vivienda para residir u ofrecerla a un familiar de primer grado, podrá finalizar el compromiso de arrendamiento de manera unilateral y sin prórrogas.
En este mismo sentido, la nueva Ley de Vivienda se establece con el objetivo de lidiar con los posibles conflictos de una relación que no siempre es fácil y suele generar más problemas legales de lo que sería deseable para cualquiera de las partes.